El Parlament de Catalunya ha dado luz verde a una propuesta de resolución que orienta las compras públicas alimentarias de la Generalitat de Catalunya hacia un sistema más próximo y justo. La decisión de Parlament de Catalunya ha sido celebrada por las organizaciones que están detrás de la campaña Cortocircuito ya que abre la puerta a que el resto de las autonomías apuesten por este tipo de modelo. La Generalitat de Catalunya y demás entes públicos gastan entre 200 y 300 millones de euros anuales en compras de alimentos y servicios de restauración.

Si esta compra se realizara en mercados locales y en explotaciones pequeñas y medianas dentro del territorio se podrían llegar a generar hasta 100.000 puestos de trabajo, duplicando así el número de personas dedicadas al sector agrícola en Catalunya. En los últimos 10 años se ha duplicado el grado de externalización de los servicios de restauración en centros públicos que ahora son ofrecidos a través de empresas de Catering. Los menús que estas empresas ofrecen están llenos de “alimentos kilométricos” que se producen a miles de Km de nuestras mesas y son el ejemplo evidente de un modelo alimentario que genera pobreza, malnutrición y obesidad. Que expulsa a los campesinos que ya no pueden vivir de su trabajo (en los últimos 20 años han desaparecido 7 explotaciones agrícolas diarias en Catalunya) y agota los recursos naturales y provoca entre el 40 y el 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial.

Más de 50 organizaciones han sumado sus esfuerzos para que esto sea posible, asociaciones de madres y padres, sindicatos agrarios, ecologistas, consumidores y ONGs llevaban un año trabajando para que los gobiernos (central y autonómico) apuesten por una compra publica alimentaria con criterios de proximidad y ambientales que supondrá un importante impulso para los mercados locales, la generación de empleo y el mantenimiento del sector agrario, además de asegurar una alimentación sana en las instituciones públicas como residencias de ancianos, hospitales, centros de menores etc.

Del rechazo en el congreso de los diputados a la aprobación en el Parlament

Una propuesta similar ya fue debatida en el congreso de los diputados el pasado 13 de marzo donde recibió el apoyo de todos los grupos parlamentarios pero no pudo prosperar debido a la oposición del grupo popular.

De haberse aprobado, la PNL a nivel estatal, podría haber supuesto un importante paso para asegurar el futuro de la agricultura y la alimentación en el estado español. El sector de la restauración colectiva destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros, si este monto se invirtiera en producto local, hubiera significado un gran empujón para el sector agrario.

Ya en aquel momento las organizaciones impulsoras de la campaña VSF Justicia Alimentaria Global, COAG y CEAPA valoraban muy positivamente el apoyo recibido por los grupos y les instaban a actuar de forma coherente iniciando acciones por la compra pública proximidad en el ámbito de sus competencias autonómicas.

Baserri Bizia 53 – Página 13

Foto-cabecera de la noticia: Sebastián Arena CC-By-Sa