La constitución de la República Bolivariana de Venezuela aprobada en 1999 definió al país como un “estado democrático y social de derecho y de justicia” y estableció la igualdad, la prosperidad y el bienestar del pueblo como principios de obligado cumplimiento. Las garantías aprobadas en la norma han guiado una política social que ha permitido la reducción de la pobreza[1] y el acceso a los derechos sociales para millones de personas, al punto de lograr el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio antes de 2015.

La inversión destinada a políticas sociales ha absorbido en los últimos años hasta un 18 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB)[2], cifra que no hubiera sido posible sin la redistribución de los recursos procedentes de la riqueza generada por la extracción de petróleo. La conocida como “renta petrolera” ha sido el sostén que ha posibilitado la ejecución de políticas destinadas a garantizar el acceso a los derechos sociales a toda la población y a disminuir la brecha de desigualdad que históricamente existió en el país y que en doce años de revolución bolivariana se logró reducir en un punto[3].

Tras décadas de políticas neoliberales, la falta de acceso de millones de personas a la salud, la educación y la alimentación se habían convertido en problemas estructurales que afectaban al bienestar de la población y al desarrollo del país. En 1998, un 20,3 por ciento de los hogares venezolanos se encontraba en situación de pobreza
extrema y el 21 por ciento de la población padecía hambre. El analfabetismo y el acceso a la educación era un problema que impedía el progreso de los sectores vulnerables, como el caso de las mujeres y de otros grupos históricamente discriminados.

En este contexto, se hacían necesarias soluciones urgentes y profundas que combatieran una serie de problemas que sólo aumentaban la brecha social. La respuesta vino en 2003 a través de las misiones socialistas, programas que llegaban de forma masiva a las comunidades para atender necesidades básicas. Con la colaboración y asesoramiento de profesionales cubanos, las misiones lograron un enorme impacto en la población venezolana. La misión Barrio Adentro permitió la cobertura sanitaria universal, mientras que más de dos millones de personas han recibido desde entonces intervenciones para mejorar la vista a través de la Misión Milagro.

Los convenios de colaboración con la República de Cuba fueron determinantes para conseguir elevar el nivel de instrucción de la población que no había podido concluir sus estudios primarios. El objetivo de alfabetizar a toda la población de forma rápida y eficiente pudo cumplirse gracias al diseño del programa cubano de alfabetización Yo, sí puedo, creado para su aplicación en Venezuela y que en sólo dos años permitió la declaración del país como territorio libre de analfabetismo a través de la Misión Robinson. A su vez, las misiones Ribas y Sucre daban continuidad a la etapa de alfabetización hasta lograr la culminación de los estudios universitarios a personas que no habían tenido acceso al sistema educativo.

Diez años después de su creación, la política social del país sigue estando canalizada fundamentalmente a través de las misiones y grandes misiones ideadas para extender derechos sociales y facilitar el acceso a necesidades básicas de la población más vulnerable. Una de las misiones tomadas por el gobierno como referencia es la Gran Misión Vivienda Venezuela, que prevé la construcción de viviendas (2.900.000 para 2019) para resolver un grave problema que afecta a la población. Otros programas contemplan la asignación directa de ayudas económicas a hogares vulnerables como las grandes misiones Hijas e Hijos de Venezuela, dirigida a la protección de las jóvenes embarazadas; Amor Mayor, que pensiona a personas de la tercera edad, y Madres del Barrio, dirigido a madres en situación de pobreza extrema.

Si ha habido algo que ha caracterizado a las misiones socialistas durante esta década es el impacto que han logrado alcanzar en el desarrollo y empoderamiento de las mujeres venezolanas, fundamentalmente en aquellas que se encontraban en situaciones de mayor vulnerabilidad y con familias que dependían exclusivamente de ellas. La participación de la mujer en las misiones destinadas a la salud, educación y formación para su incorporación al proceso productivo siempre es mayoritaria, lo que ha convertido a la mujer venezolana en una “aliada” de las políticas sociales del gobierno para la reducción de la pobreza y la brecha de la desigualdad en todo el país.

Madres del Barrio

Como en muchos otros lugares del mundo, la pobreza en Venezuela tiene rostro de mujer y, de forma bastante habitual, de madres que deben hacerse responsables de forma exclusiva de la crianza de los hijos e hijas. Este era el tipo de familia que se encontraba en la mayoría de los hogares en riesgo de exclusión. Para paliar esta situación que se repetía en todos los estados del país, se creó la Misión Madres del Barrio Josefa Joaquina Sánchez dirigida a madres en situación de pobreza extrema, es decir, a aquellas que incluso tenían dificultades para cubrir la alimentación de la familia.

A través de la misión Madres del Barrio, que en este momento llega a 82.557 beneficiarias, estas mujeres reciben una ayuda mensual para el mantenimiento de sus familias, pero, al igual que otras misiones, también pone a su disposición distintas capacitaciones para promover su integración en la actividad productiva del país.

La capacitación en formación agroecológica fue la semilla que se transformó en la constitución de la Empresa de Propiedad Social Directa Comunal Agroecológica Consuelo Fernández, formada por cuarenta y cinco mujeres del colectivo de Madres del Barrio del municipio Villa del Cura, situado en el estado Aragua.

Desde que se convirtieron en beneficiarias de la misión, este colectivo de mujeres ha pasado de sobrevivir de la venta informal de comida o de ropa en la calle, o como empleadas domésticas, a trabajar la tierra que durante siglos perteneció a una de las primeras familias españolas que llegó a un valle fértil donde hicieron fortuna a través del cultivo de café y el añil. La última familia de aquellos terratenientes ya había abandonado la producción y el Estado pudo comprar hace cuatro años los terrenos de una finca de más de quinientas hectáreas. Desde entonces, la casa colonial que perteneció a la familia de Simón Bolívar es sede de talleres de formación agroecológica complementados con el trabajo práctico en el campo.

Celia Jiménez, integrante del colectivo, poco sabía de agroecología antes de que la misión Madres del Barrio la invitara a participar en los talleres formativos impartidos por ingenieros agrónomos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES). El profesorado debía presentar los conceptos teóricos, pero las antiguas huertas que ro deaban la casa se prestaban a que las mujeres pudieran poner en práctica todo lo que estaban estudiando.

A medida que aprendían más sobre siembra, reciclaje, fabricación de abonos orgánicos y reutilización de componentes, los terrenos de la escuela se convirtieron en un “sistema agrosilvopastoril” compuesto por catorce proyectos que permiten la sustentabilidad del ecosistema a través de un ciclo que integra todos los recursos de los que disponen en la hacienda.

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Venezuela, 2013. Fotografía: Mª Cruz Tornay.