La importante división entre los Estados miembros de la Unión Europea ha impedido un acuerdo sobre la propuesta de la Comisión Europea para reautorizar la comercialización del glifosato durante un período de diez años.

En la votación que tuvo lugar el viernes, 13 de octubre, en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos (Scopaff), no se logró una mayoría cualificada (del 55% de los miembros de la UE que representen al menos el 65% de la población total del bloque) para aprobar o para rechazar la propuesta.

Por lo tanto, la propuesta volverá a someterse a votación en el Comité de Apelación, seguramente en la primera quincena de noviembre, según han señalado portavoces de la Comisión Europea. La decisión sobre la reautorización o no del herbicida más utilizado en Europa debe adoptarse antes del 15 de diciembre, fecha en la que expira el actual permiso.

Mientras que países como Austria y Luxemburgo ya habían anunciado previamente su voto en contra (Luxemburgo es el único país de la UE que ha prohibido temporalmente la sustancia en el pasado), países de gran peso como Alemania y Francia (donde ha habido una fuerte movilización ciudadana contra el glifosato) se abstuvieron, lo que en la práctica se contabiliza como votos en contra.

Por su parte, el Estado español se ha mostrado favorable a la renovación de su uso alegando que la información científica y los informes de evaluación realizados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) «despejan las dudas existentes sobre la seguridad de esta materia activa».

Paradójicamente, la agencia del cáncer de la Organización Mundial de la Salud concluyó en 2015 que era "probablemente cancerígeno" para los seres humanos. De hecho, el supuesto estudio realizado por la EFSA presentaba importantes lagunas en varios datos y no había llegado a ninguna conclusión sobre determinados aspectos, como por ejemplo el impacto en la dieta de los consumidores.

Simultáneamente, el grupo parlamentario de Sumar ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados por la que insta al Gobierno a no apoyar la renovación de la licencia y a iniciar los pasos para la prohibición total de este herbicida en todo el Estado. El grupo aduce los estudios publicados sobre su afectación en la biodiversidad y la salud humana, así como el informe Glifosato y Ampa, elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el que se señala el riesgo que supone en aguas superficiales y subterráneas.