La UE ha aprobado una Ley de Conservación de la Naturaleza que, con excepciones y posibilidades de dar marcha atrás, obligará a los gobiernos europeos a aplicar planes nacionales para restaurar al menos el 20% de los ecosistemas marinos y terrestres en 2030. Según el texto acordado, para 2050 los Estados miembros tendrán que tomar medidas para restaurar todos los ecosistemas que necesiten ser restaurados.

La ley contempla también la obligación de restaurar al menos el 30% de los ecosistemas dañados establecidos en un listado donde se incluyen áreas terrestres, costeras y ecosistemas de agua dulce, incluidos humedales, pastizales, ríos, lagos y bosques. Establece, asimismo, un llamamiento para que los Estados miembros contribuyan a plantar al menos tres mil millones de árboles antes de 2030.

Todas estas medidas deberán quedar recogidas en los planes nacionales de restauración que los países miembros deberán informar a la Comisión Europea; en ellos se deben estipular las acciones a realizar con anterioridad a junio de 2032, y las configuradas para el año 2042, año en que habrán de presentar un plan hasta 2050.

Según el texto de la ley, no se incluirán nuevas zonas en la Red Natura 2000 hasta, al menos, 2030, y los países deberán priorizar la restauración de áreas que queden dentro de esta zona de protección especial. Además, los gobiernos de cada Estado miembro deberán establecer para 2040 medidas que consigan restaurar, como mínimo, el 60% de los hábitats en "pobres condiciones" y el 90% para 2050.

En ecosistemas urbanos, por ejemplo, la futura ley obligará a los Estados miembros a incrementar las zonas verdes hasta que se logre un "nivel satisfactorio". Para ello, al menos, deberán garantizar que no se pierden espacios verdes con respecto al momento en que la ley empiece a aplicarse, a menos que en exista ya un 45% de zonas verdes.

"Freno de emergencia"

La norma aprobada contempla, asimismo, la posibilidad de que sus objetivos queden en suspenso en función del impacto que tenga en el sector primario. Así, en 2033, la Comisión revisará la aplicación de la ley y sus impactos en los sectores agrícola, pesquero y forestal, así como sus efectos más amplios en el plano socio-económico, y determinará si es necesario activar un "freno de emergencia".