Dentro de unos meses llegará a su fin el mandato actual de Ursula Von Der Leyen en la presidencia de la Comisión, que ha llevado al Pacto Verde Europeo. Mientras tanto, no se están alcanzando la mayoría de los objetivos de la estrategia de la Granja a la Mesa, tal y como muestran las altas tasas de desconversión a la agricultura ecológica, cuando el objetivo de 2030 es alcanzar un 25 %. Además vemos una caída drástica del número de campesinos y campesinas en la Unión Europea1.

Si no se actúa, esta caída será más pronunciada en un futuro cercano. Las condiciones de vida económicas y sociales de la mayoría de los campesinos y campesinas siguen deteriorándose y estando, por lo general, por debajo del resto de la sociedad de la UE. Tener acceso a una alimentación sana es cada vez más difícil para un número de ciudadanos y ciudadanas que no cesa de crecer, sobre todo para los y las más pobres. Las crisis medioambientales y climáticas no tienen precedentes en Europa (incendios e inundaciones en las costas del Mediterráneo, olas de calor y sequía en muchos territorios, algas verdes en Francia, etc.). La industrialización del trabajo de la tierra es uno de los principales causantes de estas crisis, pero no es una situación irreversible, sobre todo si se permite que los campesinos y campesinas emprendan una transición hacia una agricultura más sostenible y agroecológica.

En este documento explicaremos por qué la regulación de los mercados agrícolas es la pieza necesaria que les falta al Pacto Verde Europeo y a la Autonomía Estratégica Abierta Europea para obtener buenos resultados. Esta regulación es esencial para alcanzar la soberanía alimentaria en Europa, vinculado a una transición hacia modelos más sostenibles y agroecológicos que permitan que se reterritorialice la alimentación, que toda la población tenga derecho a una alimentación sana y apropiada, que los campesinos y campesinas y trabajadores y trabajadoras de la tierra perciban unos ingresos suficientes y que el campo esté lleno de vida.