Greenpeace se ha personado en los tribunales contra el proyecto de construcción de las dos nuevas sedes del Museo Guggenheim en Urdaibai al considerar que se está incumpliendo la ley de Costas. La demanda de Greenpeace se une a las que ya se están tramitando por parte de Stop Guggenheim Urdaibai y de Zain Dezagun Urdaibai.
[Greenpeace]El proyecto plantea construir dos sedes, una de ellas en Astilleros de Murueta, ubicados en terrenos ganados a la marisma que gozan de protección internacional. Además, el ministerio de Transición Ecológica permite que los Astilleros eludan su responsabilidad de descontaminar los suelos.
Por este motivo, la organización ecologista ha interpuesto el 23 de mayo un recurso contencioso administrativo contra la Orden Ministerial que aprueba la reducción de la servidumbre de protección del dominio público marítimo terrestre en Murueta. Hasta la publicación de la Orden Ministerial, dicha franja de protección costera era de 100 metros, pero ahora se ha reducido a sólo 20 metros.
La Orden Ministerial abre la puerta a la instalación de un proyecto de más de 61.000 m2 en una zona que goza de innumerables figuras de protección internacional: Urdaibai está declarada Reserva de la Biosfera; el estuario del río Oka forma parte de la Convención internacional Ramsar sobre los Humedales; la ría de Mundaka-Gernika está considerada Humedal de Importancia Internacional y Murueta forma parte de la Red Natura 2000. Todas estas figuras conllevan la obligación de mantener un alto estado de conservación de la zona.
Además de que el proyecto ignorará todas estas figuras de protección, Greenpeace considera que la Orden Ministerial que reduce la franja de protección costera constituye una desviación de poder debido a que:
“Esperamos que el ministerio dé un paso atrás y retire esta orden ministerial que incumple la ley de Costas. Urdaibai tiene el mismo valor ambiental que Doñana, y merece que se respete su protección. Además nos queda poca costa en un estado de conservación tan excepcional. Las administraciones y la justicia deben protegerlo al igual que nosotras”, ha declarado Lorea Flores, portavoz de Greenpeace en Euskadi.
Por todo ello, Greenpeace ha interpuesto el recurso contencioso administrativo. Entiende que la orden ministerial objeto del procedimiento incurre en los supuestos de nulidad de pleno derecho de los apartados a), e), f) y g) del artículo 47 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.