Varias organizaciones y sindicatos han registrado este miércoles más de 50.000 alegaciones populares a los "macroproyectos" de energías renovables de la empresa Solaria que "amenazan el territorio" alavés. Por su parte, la firma con sede en Madrid asegura que ha firmado ya acuerdos con más de 1000 propietarios de suelo y que en los próximos meses firmará unos 3000 más.

Varias organizaciones y sindicatos han registrado este miércoles más de 50 000 alegaciones populares a los "macroproyectos" de energías renovables de la empresa Solaria que "amenazan el territorio" alavés. De está forma, han exigido tanto al Gobierno Vasco y como a la Diputación de Álava su paralización.

Las alegaciones han partido de colectivos como Araba Bizirik, Arabako Mendiak Aske, AHTrik ez, y del sindicato agrario UAGA, entre otras, que han anunciado que el 26 de octubre sacarán a la calle sus reivindicaciones en una manifestación que recorrerá las calles de Vitoria para denunciar lo que han definido como "una locura".

Frente a la sede del Gobierno Vasco en Vitoria-Gasteiz, representantes de estas organizaciones, arropados por un centenar de personas, han leído un comunicado en el que advierten de que la "mal llamada transición energética" está siendo utilizada como "excusa" para que las grandes corporaciones "hagan negocio a costa del territorio".

Las alegaciones van en contra de todos los proyectos de energía renovables planteados en Álava porque no responden a "un criterio, a una planificación, ni a una previsión de su implantación". "Renovables sí, pero así no", han indicado.

"Se está acelerando la destrucción imparable de la biodiversidad y la pérdida de tierras de cultivo, forestales y pastizales. Se está desalojando del territorio a las personas que habían apostado por la vida rural", han señalado, y han lamentado que frente al "clamor popular" las instituciones "se alinean con las macroempresas energéticas" y permiten "el expolio de Álava".

Por todo ello, han exigido que se paralicen todas estas iniciativas, que "se ponga coto" a las grandes empresas y que tanto el Gobierno Vasco como la Diputación de Álava se impliquen en defensa de la tierra y de territorio.

"Queremos seguir viviendo en Álava", concluye el comunicado conjunto suscrito por 16 organizaciones, que a lo largo de este mes presentarán las alegaciones técnicas.

Acuerdos con propietarios

Por su parte, la empresa española asegura que ya ha firmado acuerdos con más de 1000 propietarios de suelo para el desarrollo de sus plantas fotovoltaicas en Euskadi y que en los próximos meses firmará unos 3000 más.

El mismo día en el que concluye el plazo de alegaciones a los proyectos de Solaria en Álava, la empresa ha dado a conocer las condiciones en las que alquila o compra los terrenos para sus parques solares.

Según ha señalado, alquila los terrenos por 1500 euros por hectárea y año, y los compra por 25 000 euros por hectárea. Esto supondrá, según sus cálculos, un desembolso total de 180 millones en el alquiler de terrenos durante 30 años, la vida útil de las plantas solares.

Aitor Uriarte, coordinador de Relaciones Institucionales de Solaria en Euskadi, ha asegurado que la firma "actúa de mutuo acuerdo con los agricultores o propietarios para hacer uso de los terrenos que ocuparán las plantas fotovoltaicas. Cada propietario es libre de decidir si quiere alquilar, vender o continuar con su actividad habitual".

Sin embargo, baserritarras alaveses han acusado reiteradamente a Solaria de emplear métodos cuestionables para obtener terrenos para sus proyectos, incluyendo tácticas de acoso, engaño, ofertas monetarias excesivas y amenazas de expropiación falsas.

Actualmente Solaria planea tres proyectos de plantas fotovoltaicas para producir energía en Álava y llevarla mediante un tendido eléctrico a la subestación de Zierbena (Bizkaia), tres macroparques que ocuparán 373 hectáreas con la previsión de instalar más de 310.000 placas fotovoltaicas.

Este proyecto afectaría a los municipios de Ribera Baja, Iruña de Oca, Vitoria-Gasteiz y Zigoitia, y se completaría con una línea de evacuación de alta tensión de 100 kilómetros que afectaría a nueve términos municipales en Álava y a otros 10 en Bizkaia. Las reticencias en estos municipios han hecho que la empresa mantenga reuniones en los pueblos para explicar sus planes.