"Los hogares encabezados por mujeres y los hogares rurales siguen enfrentando mayores tasas de pobreza energética", según el nuevo informe hecho público por Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) y el BC3 – Basque Centre for Climate Change sobre los avances y desafíos de la transición energética justa en el Estado español.

El estudio se enfoca en dos áreas clave: la evolución de las facturas energéticas y la pobreza energética en los hogares; y el crecimiento del empleo verde. Los resultados destacan "tanto avances sustanciales como desafíos urgentes que demandan acción política inmediata".

El informe pone de manifiesto las siguientes conclusiones:

• • Reducción de la factura energética media: En 2023, la factura energética promedio de los hogares se redujo un 9,8% respecto al año anterior, situándose en 2.538 euros, aunque todavía un 5,4% por encima de los niveles de 2019. La caída de los precios de los carburantes y la electricidad, junto con la continuidad de las medidas sociales implementadas durante la crisis energética, son los factores principales de esta disminución.
  • Disminuye la “carga energética”, pero persisten las desigualdades: Aunque la carga energética media se redujo, pasando del 8,6% al 7,8% del gasto total, las familias más vulnerables continúan enfrentando una mayor carga. La carga energética de los hogares por debajo del umbral de pobreza se sitúa en el 9,3%.
  • Ligero aumento de la pobreza energética severa: Según el indicador LIHC (Low Income High Cost), el 6,9% de los hogares se encuentran en situación de pobreza energética severa, lo que supone un ligero incremento respecto al 6,6% de 2022. Aunque los precios de la energía han bajado y el empleo está creciendo, algunos hogares vulnerables no han experimentado mejoras significativas. Además, se observa que este indicador ha venido aumentando desde 2019, por lo que la pobreza energética ha pasado de afectar a 1,1 millones de personas en 2019 a 1,3 millones en 2023. Esto pone de manifiesto la necesidad de reforzar medidas para reducir el coste energético en colectivos vulnerables, como el bono social.
  • Reducción de la pobreza energética en el transporte: En 2023, en cambio, el indicador LIHC relacionado con el transporte mejoró, pasando afectando del 3,4% de los hogares al 2,6%, gracias a la bajada de los carburantes y las ayudas al transporte público.
  • Desigualdades por género y ubicación geográfica: Los hogares encabezados por mujeres y los hogares rurales siguen enfrentando mayores tasas de pobreza energética. Estos hogares tienen una carga energética mayor, especialmente en términos de calefacción y carburantes, debido a viviendas menos eficientes y mayor dependencia del transporte privado.
  • El empleo verde ha aumentado en 25.000 empleos, y en 2022 ya se sitúa en los 530.978 empleos, impulsados principalmente por el auge de las energías renovables.

Recomendaciones

El informe destaca la necesidad urgente de abordar la pobreza energética mediante medidas concretas.

1. 1. Se recomienda acelerar la rehabilitación energética de edificios, especialmente en viviendas vulnerables, mejorando la financiación y reduciendo la burocracia.
   2. Además, propone automatizar el Bono Social Eléctrico y Térmico para facilitar su acceso a más hogares en situación de vulnerabilidad.
   3. En el ámbito rural, se sugiere fomentar el autoconsumo energético y las comunidades energéticas, apoyando la instalación de renovables y redes compartidas.
   4. También es crucial mejorar el transporte público y promover el uso de vehículos eléctricos, incentivando su adopción con programas de apoyo económico.
   5. Finalmente, el Plan Social para el Clima de la UE, que entrará en vigor en 2025, debe ser una herramienta clave para acceder a fondos y apoyar a los hogares vulnerables en su adaptación a la transición energética.

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