La proposición de ley de transición energética y cambio climático incluirá algunos cambios, fruto de las negociaciones entre PNV, EH Bildu y PSE-EE. Las claves del acuerdo se resumen en secciones.

Objetivos específicos

El texto inicial de la proposición de ley recoge el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono para 2050, pero el acuerdo también fija objetivos en otras áreas y, antes de los objetivos para medio siglo, también algunos objetivos intermedios:

• • en el caso de los gases invernadero, la reducción de las emisiones para 2030 en un 33% respecto a los datos de 1990
  • en materia de eficiencia energética, la reducción del consumo en un 12% respecto a 2030 respecto a 2021 y en un 37% para medio siglo
  • la aportación de las energías renovables al consumo final debe ser del 32% en 2030 y del 97% para 2050.

Los grupos han dejado abierta la posibilidad de revisar estos objetivos y establecer otros más ambiciosos.

Gobernanza

En el texto inicial se preveía la constitución de determinados órganos para el cumplimiento de los fines que recoge la proposición de ley. Entre ellas, la Oficina de Transición Energética y Cambio Climático. Este órgano será un organismo técnico adscrito al Gobierno que tendrá como función el seguimiento de los objetivos establecidos por la ley y la elaboración de previsiones de emisiones de gases invernadero.

La propuesta incluía la constitución de una Comisión de Transición Energética y Cambio Climático en el ámbito de la ley de coordinación de la actuación de las instituciones públicas de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. La Comisión elaborará informes que confirmen o nieguen la idoneidad de las planificaciones de la administración para la transición energética y las políticas climáticas.

Además de la constitución de estos órganos, las negociaciones darán paso a la creación de un comité científico y a la Asamblea Ciudadana para la Transición Energética y el Cambio Climático. El Comité científico proporcionará a las instituciones conocimientos científicos para la elaboración de planificaciones. La Asamblea, por su parte, será un "foro de reflexión y generación de conocimiento colectivo", un espacio de debate y consenso de las políticas relacionadas con el cambio climático y promoverá la "participación de los agentes sociales más significativos". Por otro lado, el Gobierno impulsará un pacto social sobre los objetivos recogidos en la ley a través de un proceso participativo.

Financiación

Según el acuerdo, la ley garantizará que al menos el 2,5% de los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) se destinen a acciones climáticas. También se ha acordado un canon para infraestructuras de energías renovables. Los parques eólicos y fotovoltaicos tributarán por potencia y la recaudación se destinará a los municipios afectados directa o indirectamente por estas infraestructuras para compensar el daño a algunas zonas.

El canon deberá ser abonado por instalaciones de más de cinco megavatios a partir de 2025. En cuanto a la energía solar, el pago se calculará en función del número de hectáreas ocupadas por la instalación, 700 euros por hectárea. En cuanto a las eólicas, dependerá de la potencia y del número de molinos de viento — por cada molino de viento, de 3.000-5.000 euros —. Además, quien quiera poner en marcha una instalación de iniciativa privada o pública deberá ofrecer al menos un 20% de la propiedad a los ciudadanos y empresas de la zona afectada por el proyecto.

Por otro lado, el Gobierno constituirá un Fondo Social Climático que promoverá medidas tendentes a paliar y adaptarse a los efectos del cambio climático, así como a impulsar una transición energética justa.

Desinversión de energías fósiles

La proposición de ley incluirá también un paquete de medidas para ir rechazando los combustibles fósiles. Entre ellas, la administración vasca deberá suspender para el año 2030 cualquier inversión pública relacionada con la exploración y explotación de hidrocarburos y adoptar la misma medida con las infraestructuras que se basen en combustibles fósiles para la producción de electricidad. Los recursos económicos disponibles como consecuencia de esta desinversión deberán destinarse al Ente Vasco de la Energía (EVE) para la inversión en energías renovables.