Visto el nivel de peligro, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria acaba de concluir que no hay necesidad de prohibir el glifosato. Analizando los efectos sobre los animales, los seres humanos y el medio ambiente, se puede seguir utilizando el herbicida. En la misma línea va la Agencia Europea de Productos Químicos: el glifosato no es cancerígeno ni existe riesgo en su uso. Por ello, la Comisión Europea decidió el 16 de noviembre prorrogar la autorización de uso por diez años más.

Ante la falta de una postura clara por parte de los Estados miembros, Bruselas aboga por continuar con su utilización, dejando a cada Estado la decisión de fijar las condiciones de uso. Concretamente, diecisiete estados han votado a favor, tres en contra (Luxemburgo, Croacia y Austria) y siete se han abstenido (Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Bulgaria, Bélgica, Malta). "Una vez más, la Comisión Europea prefiere situarse en el lado de los lobbies del sector agroquímico, en lugar de seguir los avisos científicos, tener en cuenta el principio de precaución y asumir la prohibición del pesticida". Esta es la reacción de Greenpeace.

Como si se tratara de un aviso procedente del otro lado del océano, al día siguiente, 17 de noviembre, un tribunal del estado estadounidense de Misuri obligó a la empresa Bayer a indemnizar con 1.500 millones de dólares a tres ciudadanos que utilizaban el producto Roundup, compuesto por glifosato. Porque la relación entre herbicida y cáncer está científicamente demostrada: el informe Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence ("Riesgo de exposición a herbicidas basadas en Glifosato y linfoma no Hodgkin: meta-análisis y pruebas") revela que quienes están en contacto con el glifosato tienen un 41% más de posibilidades de desarrollar este tipo de cáncer. Básicamente, desde 2015 el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer lo ha clasificado como "probablemente cancerígeno". La estructura, que forma parte de la Organización Mundial de la Salud, se ha basado en mil estudios para extraer esta conclusión.

Por ello, cinco asociaciones europeas se han opuesto a la decisión de la Comisión Europea y, siguiendo el procedimiento, tienen dos meses para solicitar la revisión de la decisión.

Teniendo en cuenta el número de investigaciones científicas que confirman el riesgo de glifosato y los objetivos verdes de la Unión Europea para el medio ambiente y la alimentación, en el marco del programa Farm to fork o "De la granja a la mesa" (reducir a la mitad el uso de pesticidas para 2030 y destinar el 25% de las tierras de cultivo a la producción ecológica), resulta incomprensible la decisión de la Comisión Europea. Sólo si miramos los lobbies agroindustriales podemos comprenderlo. "La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria rechaza numerosos estudios científicos, en torno al 90%, priorizando los realizados por los industriales", según el investigador Laurence Huc. La prueba la ha aportado el economista americano Chuck Benbrook, que trabaja en el campo de los pesticidas: el 75% de las investigaciones realizadas por autores neutrales prueban la toxicidad del glifosato.

El trabajo de un lobby de gran influencia

Un lobby bruyant pour un printemps silencieux. Les tactiques de lobbying toxiques de l’industrie des pesticides contre Farm to Fork ("Lobby ruidoso para una primavera silenciosa. El lobby tóxico llevado por la industria de pesticidas contra De la Granja a la Mesa") muestra claramente la estrategia eficaz de la agroindustria. El lobby ocupa un lugar destacado en el trabajo y el presupuesto de las multinacionales del sector. La empresa Bayer, pongamos por caso, gastó 7.000.000 de euros en 2021 para influir en el seno de la Unión Europea. En general, tienen diferentes ejes de trabajo: contra-investigaciones para difundir los efectos a favor del glifosato y sembrar la duda sobre su toxicidad; comunicación para ensuciar el De la Granja a la Mesa; como hace EE.UU., presión de otros Estados aliados, etc...

El argumento del fantasma de la hambruna es probablemente uno de los más trabajados: la cantidad de alimento necesaria para satisfacer a la población no se puede producir en la producción ecológica y sin herbicidas y pesticidas. El impacto de la guerra de Ucrania en el mercado también ha sido perfectamente aprovechado para dar más importancia a este argumento. Sin embargo, el copresidente del Consejo Mundial de la Biodiversidad, Josef Settel, lo tiene claro: "Los intentos políticos de anular los objetivos de sostenibilidad del Green Deal no nos protegen de la crisis alimentaria, sino que, al contrario, suponen un aumento y una perpetuación de la crisis".

Así, el investigador Huc observa la realidad con ira e impotencia: "Mi trabajo consiste en asegurar la seguridad de las sustancias. Que llevo cinco años en el área de pesticidas, y veinte años en la de hidrocarburos y dioxinas. Me pone furioso ver que tenemos conocimientos científicos [para demostrar la toxicidad del glifosato] pero que no sirven para nada a la normativa ni a las decisiones políticas".

Consciente de que en EEUU hay miles de denuncias contra el fabricante de glifosato Bayer, la empresa expresó en 2020 su disposición a pagar indemnizaciones: repartir 16.000 millones de dólares a 113.000 ciudadanos afectados por cáncer por el uso del producto roundup. Sin embargo, tiene otros 47.000 asuntos pendientes. 113.000 es el número gordo... pero seguramente no es suficiente para mantener la cabeza erguida ante la presión de los lobbies.

A la hora de lamentar el deseo de prohibir el glifosato, el presidente del sindicato FNSEA, conocido en esa labor de lobby, sostiene que el medio ambiente "no se puede gestionar separadamente del cultivo". Pero eso es precisamente lo que nos llevó a la actual crisis ecológica: separar el cultivo del medio ambiente y centrarnos exclusivamente en el productivismo. Destrozando el medio ambiente. Destrozando el medio ambiente y la salud de miles de cultivadores.