Estamos a punto de cumplir un año desde que la Agencia Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a diversas empresas de catering contratadas por el Gobierno Vasco para el servicio en los comedores escolares. Un año también, desde la moción presentada y aprobada en el Parlamento de Gasteiz sobre la formación de una mesa de trabajo entre distintos agentes y el Departamento de Educación para el estudio de la modificación de la orden de comedores del año 2000. Después de todo este último año no hemos vuelto a saber en qué quedó aquello, no hay noticias de los 18 millones de sanción, ni de la mesa de trabajo.

Un año también cumple la puesta en marcha de la creación de la Comisión de Comedores de LAB, nacida en fecha de la moción en el Parlamento, el 3 de marzo 2016, y cuyo objetivo es trabajar y elaborar propuestas para modificar el modelo actual, abarcando 3 aspectos: soberanía alimentaria, renovación del modelo y condiciones laborales.

Para LAB es un tema de agenda, nos proponemos que el modelo cambie, que nuestro alumnado coma producto local, de temporada y biológico, que las y los profesionales, todo el personal, sea público y que la administración revierta todo aquello que se ha ido privatizando. Necesitamos cocinas en los centros, para que la comida se elabore diariamente en el lugar donde se va a distribuir, asegurando la calidad de la misma. No podemos considerar el comedor como un servicio complementario: es un espacio educativo y su personal tiene carácter educador.

Durante este último año, a pesar de la dejadez que ha manifestado la Administración, son numerosos los agentes sociales, políticos, asociaciones de familias que, al igual que LAB, han mostrado su preocupación por esta situación y, hay un compromiso social firme por modificar el actual modelo y trabajar de manera conjunta para dar una solución real a un problema tan grave como el que atañe a la alimentación del alumnado. Aunar esfuerzos y fuerzas, crear una dinámica de construcción, de debate, de aportaciones... Queremos ser agentes activos. El cambio está en nuestras manos.

Pero esa dejadez a la que hacíamos referencia nos lleva a dar un gran suspenso a los responsables políticos por no cumplir su compromiso de llamar la mesa de trabajo, por no darnos información sobre la sanción de los 18 millones, así como, por negarse a responder a la dinámica de los agentes sociales. Es momento de recordar las palabras de Erkoreka diciendo que iba a defender los intereses de las familias, y que se investigaría. La realidad ha sido bien diferente. Hoy podemos decir que después de un año, no han hecho ni una cosa ni la otra.

Hace unas semanas, EH Bildu presentó una pregunta ante el Parlamento sobre el recorrido de la sanción de 18 millones de euros y la posible responsabilidad patrimonial. La respuesta del Gobierno Vasco fue «manzanas traigo». ¿Y por qué «manzanas traigo»? Porque el Gobierno Vasco se escuda en que nadie ha venido reclamando estos daños patrimoniales y que deben ser aquellas personas supuestamente damnificadas quienes presenten reclamación. ¿Acaso pretenden nuestros representantes políticos, que sean las familias quienes hagan un cálculo exacto de las repercusiones económicas que ha tenido la mala praxis de unas empresas que han sido contratadas directamente por el propio Gobierno? ¿Debe recaer en las familias este trabajo? ¿No corresponde al Gobierno Vasco defendernos?

Lo cierto es que este caso salta debido a la denuncia por parte de AIBAK, empresa que entiende que se ha vulnerado su derecho a entrar en la licitación, por maniobras oscuras de las empresas: Auzolagun, Goñi y Magui del Grupo Mondragón; Eurest, de la multinacional Compass Group, Baska, Gaska y Tamar. Como consecuencia, la AVC abre una investigación y se desprende que, efectivamente, no se obró en justicia, por lo que aplica a las empresas la sanción de 18 millones. Si una empresa externa al Gobierno Vasco vio, denunció, y consiguió que se confirmara que había competencia desleal, ¿cómo desde los distintos estamentos administrativos del Gobierno Vasco nadie vio o dijo nada? Ahora no nos vale traer y llevar manzanas.

Nos parece importante recalcar que la Agencia de la Competencia no dispone de equipo jurídico y, que en caso de recurso por parte de las empresas, quien debe poner a disposición estos equipos es el Gobierno Vasco, para que nuestros derechos como ciudadanos, ciudadanas y miembros de la comunidad escolar sean defendidos, como así nos explicó el señor Erkoreka.

Creemos que un gobierno debe obrar siempre bajo el principio de transparencia y responsabilidad, no puede dejar que, un asunto de tal envergadura, acabe pudriéndose en algún cajón. Se debe explicar qué pasó con el dinero. Este tema no puede quedarse tema en anécdota, existen responsabilidades y deben depurarse, sean estas administrativas o políticas. Con todo lo que se recoge en el informe de la Agencia Vasca de la Competencia, queda negro sobre blanco que hubo mala praxis de las empresas.

Lo cierto es que esos 18 millones de euros de sanción podrían servir para modificar y renovar unas 200 cocinas o hacerlas in situ y así contribuir a que los menús se pudiesen elaborar en los propios centros con productos locales y biológicos. Recordamos que, en este momento, de 502 comedores de la Comunidad Autónoma Vasca, sólo 118 tienen cocina instalada. Con nuestra propuesta se alcanzaría el 61% de los centros, contra el 21% actual. Sería un gran paso para promover que nuestras alumnas y alumnos vuelvan a vivir sensaciones con la comida, dejar de ser meros engullidores y engullidoras de alimentos, recuperar calidad en los menús.

Merece la pena luchar por ello, y en esta lucha nos hemos dado cita todas y todos, menos uno.

GARAn argitaratutako jatorrizko albistea

Argazkia: usdagov cc-by