La Comisión Europea ha publicado esta semana un paquete de medidas legislativas y no legislativas que desmantela gran parte de las mínimas prácticas medioambientales de la Política Agraria Común.

La Comisión Europea ha publicado esta semana un paquete de medidas legislativas y no legislativas que desmantela gran parte de las mínimas prácticas medioambientales de la Política Agraria Común.

“Las prácticas verdes de la PAC son necesarias para comenzar a hacer una agricultura más acorde con la naturaleza, para que los agricultores, los primeros que sufren las consecuencias de la crisis climática, puedan afrontarla con mayor resiliencia”, ha señalado Helena Moreno, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace España: “Las buenas condiciones agrarias y medioambientales que se han flexibilizado permitían mejorar la calidad de los suelos y del agua, recursos necesarios para la preservación de la agricultura en el contexto de sequía actual”.

Por su parte, Marco Contiero, responsable de la campaña de Agricultura de Greenpeace en la UE, ha afirmado: «Los agricultores atraviesan graves dificultades, pero estas propuestas hacen poco por remediarlas y se limitan a eliminar algunos de los últimos resquicios de protección medioambiental de la política agrícola de la UE. Borrar décadas de progreso gradual hacia una agricultura sostenible por intereses electorales a corto plazo es un gran error, y toda la sociedad pagará un alto precio. La Comisión vuelve a hacer sonar el tambor de ‘agricultores versus naturaleza’, una falsa lucha que desvía la atención de las causas profundas de los problemas a los que se enfrentan los agricultores y que, a largo plazo, empeora su situación».

Producción sostenible de alimentos

Esta semana, la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) ha publicado su primera evaluación de riesgos climáticos, con duras advertencias sobre los peligros catastróficos y urgentes que plantea el calentamiento del planeta. Las alteraciones relacionadas con el clima en las cadenas de suministro de alimentos pueden provocar escasez y volatilidad de los precios de alimentos y piensos en Europa, entre otros riesgos. La AEMA pide a la UE que garantice que la producción de alimentos sea sostenible e insta a que «la reducción de la contaminación procedente de las actividades agrícolas e industriales sea una prioridad para proteger los ecosistemas europeos frente al cambio climático».

Greenpeace insta a la Comisión Europea a que ayude realmente a los productores centrándose en políticas que garanticen precios justos para los agricultores, reforzando su poder en el sector alimentario, introduciendo una regulación sensata del mercado y rechazando el acuerdo comercial UE-Mercosur que sacrifica la agricultura de la UE e impulsa la destrucción de la naturaleza.