Ecologistas en Acción ha presentado un informe sobre la presencia de glifosato en las aguas del Estado español. Según éste, en 2022 el 34,6% de las aguas superficiales españolas estaban contaminadas por glifosato en una concentración que incumple la norma de calidad ambiental. Tomando como base estos datos y la peligrosidad de este compuesto, la organización ecologista considera que «el Gobierno español tiene razones más que suficientes para oponerse a la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea».
Respecto al año anterior, los datos permiten conocer que en 2021 el glifosato estaba presente en el 29% de las analíticas oficiales realizadas, y un 21% de las mismas incumplían la norma de calidad.
Es el río Guadiana el que ha dado el peor dato de contaminación del Estado: 308,10 microgramos de glifosato por litro, 3.000 veces superior a lo que permite la ley. En 2021, las cuencas con un mayor número de estaciones en riesgo por contaminación por glifosato eran andaluzas: las cuencas mediterráneas andaluzas de Gaudalete-Barbate y Tinto, Odiel y Piedras; seguidas por el Tajo, Júcar y Guadiana.
En 2022, primer año en que realizaron analíticas, las cuencas internas catalanas subieron al primer lugar en número de puntos en riesgo de contaminación por este herbicida. Con el glifosato, España incumple la normativa de plaguicidas: incumple los límites de contaminación y no busca las alternativas a las que obliga la gestión integrada de plagas. De ahí que las ventas del herbicida hayan aumentado un 76% en 10 años, llegando a más de 13 millones de kg en 2020.
Con respecto a Euskal Herria, los peores resultados se han registrado en Morga (Bizkaia), con 0,21μg/l; Andoain (0,25 μg/l) y Beasain (Gipuzkoa), con 0,19 μg/l; y, sobre todo, Lizarra (Nafarroa), donde se registraron concentraciones de 11,80 μg/l.
«Por el elevado nivel de contaminación, su elevada toxicidad para medios acuáticos, la evidencia científica sobre su toxicidad para humanos, sus daños a las biodiversidad, las lagunas de datos admitidas por las agencias europeas, la oposición de la población Europea (solo un 14% está a favor de la renovación) y la existencia de alternativas viables, Ecologistas en Acción considera que el Gobierno español tiene razones más que suficientes para oponerse a la renovación de la autorización del glifosato en la Unión Europea», concluye el grupo ecologista.