Aproximadamente una de cada cuatro personas que trabajan en el sector agrícola europeo son migrantes víctimas de explotación laboral y abuso de derechos. Un estudio revela los bajos salarios, los alojamientos precarios y la falta de servicios y derechos sanitarios de estos trabajadores.

El sector agrícola de la Unión Europea depende de mano de obra inmigrante procedente de estados recientemente adheridos y de países no europeos. Un estudio sobre Finlandia, el Estado francés, Alemania, Grecia, Italia, los Países Bajos, Polonia, el Estado español y Suecia ha demostrado que los millones de trabajadores inmigrantes que alimentan el continente tienen numerosos problemas: condiciones laborales durísimas, largas jornadas de trabajo, y los empleadores son explotadores en muchas ocasiones.

Según el informe "Esenciales pero invisibles y explotadas" publicado por investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Eclesiástica Comillas (IUEM), junto con Oxfam Intermón, la industria agrícola europea provoca una explotación sistemática de los trabajadores migrantes. Aproximadamente una de cada cuatro personas que trabajan en el sector agrícola europeo son víctimas de explotación laboral y de vulneraciones de derechos.

2,4 millones de personas migrantes están recogiendo frutas y verduras en Europa. Sin embargo, los investigadores que han publicado el informe advierten de que este dato puede ser mucho mayor, ya que no se incluyen trabajadores que trabajan fuera de temporada, contratados a través de agencias de intermediación o indocumentados.

En muchas ocasiones, los inmigrantes tienen que pagar para ser contratados y además, cuando entran a trabajar, se les reduce el sueldo para cubrir el seguro médico privado porque en el país en el que trabajan no están cubiertos por la seguridad social. En cuanto a la procedencia de los inmigrantes, aunque una gran proporción de la mano de obra procede de los miembros más recientes de la UE, como Rumanía y Bulgaria, hay varias nacionalidades representadas, entre las que se encuentran, como ya se ha mencionado, muchos inmigrantes irregulares que no proceden de la UE, es decir, que carecen de documentación para permanecer en el país. Para estos últimos, un contrato de trabajo, incluso con condiciones injustas, poco éticas o de explotación, es una de las únicas formas de regularizar la situación y conseguir la residencia autorizada en la mayoría de los países europeos. Esto hace que algunos empleadores tengan más influencia sobre ellos y que puedan explotarlos.

"El comportamiento de abuso y violencia de los empleadores con los trabajadores agrícolas migratorios está documentado en diversas fuentes", denuncia Oxfam, que añade que "en Francia, Italia y España se han documentado casos de trabajadores obligados a guardar silencio, amenazas, violencia verbal, humillaciones, vejaciones y abusos racistas. En Italia también se han denunciado prácticas intimidatorias para no pagar a los trabajadores y temer quejarse. En España, Países Bajos y Alemania, en algunos casos documentados, se ha utilizado el miedo con amenazas o con multas arbitrarias que reducen sustancialmente los salarios».

"Queremos explicar la situación de la parte más débil de la industria agrícola europea", dice Carlos Ruiz, investigador de Oxfam Intermón y coautor del informe. "Los migrantes se han convertido en un elemento estructural de la cadena agroalimentaria, lo que significa que los abusos que sufren también son estructurales", añade.

En los nueve países analizados, excepto Finlandia, los migrantes suelen recibir salarios inferiores al salario mínimo y las mujeres, aún más bajos. El estudio ha reflejado la desigualdad crónica de género: por ejemplo, en Huelva, España, la mitad de las mujeres que participaron en los estudios confirmaron que ganaban menos que sus homólogos masculinos; en Italia, por su parte, las trabajadoras inmigrantes dicen que ganan un 30% menos que los hombres.

"A pesar del rol estructural que desempeñan los migrantes en el sostenimiento de la producción agroalimentaria europea, que llevó tanto a los estados como a la propia UE a ser considerados trabajadores clave durante la pandemia, son un colectivo sistemáticamente sometido a lógicas de explotación", destaca Yoan Molinero Gerbeau, investigadora senior del IUEM y coautora del informe.

Según este informe, los casos de abuso -abuso sexual, tácticas intimidatorias y violencia en respuesta a huelgas, entre otros- son habituales en el sector agroalimentario europeo. Los trabajadores migratorios con permisos temporales o en situación irregular tienen aún más riesgo de explotación por su situación laboral vulnerable. Uno de los casos más extremos es el de los jornaleros tailandeses que trabajan en Suecia, donde trabajan 12-19 horas seis días a la semana.

El informe apunta otros factores que agravan la precariedad laboral, como los abusos de los intermediarios, el trabajo a destajo -que lleva a la autoexplotación- o las imposiciones de mayoristas o supermercados, en especial las cargas de trabajo que provocan los pedidos de última hora.

Según el informe, el alojamiento de los trabajadores migratorios suele ser "precario, superpoblado, caro y alejado de núcleos urbanos". Según los testimonios de algunas trabajadoras, los inspectores de estas viviendas han llevado a cabo un chantaje sexual.

Además, algunos trabajadores viven en emplazamientos marginales improvisados sin servicios básicos -con falta de agua corriente, electricidad, calefacción y gestión de residuos-, lo que aumenta el riesgo de enfermedades e incendios. También se ha comprobado que hay trabajadores sin hogar.

"La absoluta precariedad de los alojamientos de estos trabajadores pone de manifiesto la dejadez de empresarios y poderes públicos para hacerse cargo de las condiciones de vida de un colectivo invisibilizado", subraya en este sentido Yoan Molinero. Los investigadores denuncian que estos trabajadores migratorios se enfrentan a un aislamiento severo que dificulta su integración en la lengua y la sociedad autóctonas y les deja "expuestos al control de los empleadores".

Sin servicios sanitarios

Además, el informe señala que los accidentes y lesiones son habituales en el sector agrario. De hecho, en muchas ocasiones los empleadores no les proporcionan formación y equipos de protección adecuados, sobre todo en el Estado español e Italia. Entre los incidentes más frecuentes se encuentran caídas, cortes, mordeduras de animales, golpes de calor y lesiones por el mal uso de las máquinas.

Según los autores del informe, se han registrado casos documentados de trabajadores intoxicados por el uso de pesticidas. Además, en el informe se destaca un episodio "extremo" ocurrido en Murcia, en el que un hombre murió al no recibir agua durante un día entero, a temperaturas de hasta 44 grados.

"Las personas migrantes que trabajan en el sector agrario tienen muchos retos para acceder a los servicios sanitarios, desde la falta de información sobre sus derechos a las barreras administrativas y lingüísticas. Muchos no pueden registrarse en los sistemas sanitarios porque no tienen una dirección fija y el personal temporal a menudo está fuera de cobertura sanitaria ", explica Ruiz.

En Alemania, a un trabajador rumano se le cobró un seguro de salud, pero luego ese seguro no existía. "Cuando se produjo un accidente laboral, la empresa le ordenó pagar de su bolsillo", denuncia Oxfam.

En este contexto, la Unión Europea ha aprobado la Directiva sobre Atención Debida. Esta norma exige que las empresas respeten los derechos humanos y medioambientales en todas las etapas de su cadena de suministro. Esta normativa, explican los investigadores, mejoraría el acceso a la justicia y la compensación a las víctimas, al tiempo que impondría a la industria agroalimentaria y a los minoristas la responsabilidad de prevenir y reconocer los efectos de las violaciones de los derechos humanos.

"Los líderes europeos no pueden olvidar la explotación que existe en la industria agrícola y que entra en el carrito de la compra de todos los europeos. Pero hay esperanza con la nueva legislación de la UE sobre cadenas de suministro: podría poner fin a la explotación si los países europeos la llevan e implementan adecuadamente a sus legislaciones", ha señalado Ruiz.

Asimismo, Oxfam Intermón y los investigadores del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM) de la Universidad Eclesiástica de Comillas han pedido que se fomente la presencia de migrantes en las estructuras sindicales, en una lengua en la que los migrantes entiendan que reciban formación, que reciban también el equipamiento adecuado y que las ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) tengan en cuenta que los receptores respetan las normas laborales y sociales.

"Lo ideal sería integrar a muchos trabajadores inmigrantes en las estructuras sindicales de los países europeos. A corto plazo, los sindicatos de ámbito estatal deberían asegurar que las necesidades específicas de esta mano de obra se integran plenamente en su agenda como una reivindicación prioritaria por la gravedad de la explotación en toda Europa y la falta de derechos sociales. También es fundamental garantizar la representación de las mujeres como consecuencia de los problemas y riesgos específicos a los que se enfrentan ", destaca el informe.

Oxfam Intermón también propone aumentar la frecuencia y la eficacia de las inspecciones laborales en las explotaciones europeas, centrándose en el cumplimiento de las normas laborales y los derechos humanos. "Es fundamental asignar recursos suficientes a estas inspecciones, a la vez que establecer protecciones claras para diferenciar la aplicación de la normativa laboral de la de inmigración. De esta forma se evitará la detención o deportación de trabajadores indocumentados como consecuencia de las inspecciones", señala el informe

En cuanto al problema de la vivienda, el informe sugiere que la UE debe asignar fondos específicos para hacer frente a los graves problemas de vivienda que sufren los trabajadores migratorios del campo, con especial atención a los asentamientos informales. Estos fondos deben destinarse al desarrollo de viviendas públicas sostenibles y adecuadas, más allá de soluciones temporales que no ofrezcan una respuesta sostenible a largo plazo.

Además, el informe también pide que se asignen fondos para reforzar el sistema de transporte público en las zonas donde hay una alta concentración de inmigrantes. También deben participar los empleadores, garantizando el acceso seguro de los trabajadores a sus centros de trabajo y el acceso completo a los servicios básicos.