Enric Llopis | Rebelión CC-BY-NC-ND (2.5)
Analistas de los procesos neoliberales consideran que estos son irreversibles. Que las reformas, desregulaciones y privatizaciones no tienen vuelta atrás. Pero siempre hay resquicios. En la década de los 90 del siglo pasado, numerosos países, sobre todo del Sur, privatizaron sus servicios de agua y saneamiento. Pero entre 2000 y 2014, según la iniciativa ciudadana Pacto Social por el Agua Pública, más de un centenar de ciudades de los cinco continentes han remunicipalizado el servicio.
Capitales europeas como Berlín, Budapest o París; Atlanta e Indianápolis en Estados Unidos, pero también Buenos Aires, La Paz, Johannesburgo, Dar-es-Salaam (Tanzania), Accra (Ghana), Almaty (Kazajistán) o Kuala Lumpur (Malasia) ponen de manifiesto el cambio de tendencia.

Al estado español también llegaron los aires remunicipalizadores. En Torrelevega (Cantabria), Ermua (Vizcaya), Arteixo (La Coruña), Cazorla (Jaén), Medina Sidonia (Cádiz), Arenys de Munt (Barcelona), Lucena (Córdoba) o los 22 municipios de la provincia de Sevilla asociados en el consorcio Aguas del Huesna.

Uno de los grandes problemas de la gestión privada del agua es que las empresas incumplen de manera sistemática el contrato suscrito con los ayuntamientos. Por lo que la pregunta casi obligada es: ¿Qué ocurre con los mecanismos de control? Según Jordi Colomer, responsable de municipalizaciones en Arenys de Munt (2011-2013) y miembro de las CUP, “lo más habitual es la poca profesionalidad, que está generalizada; puede afectar a dos tercios de los técnicos municipales”; además se dan casos de descarada corrupción. En la práctica ocurre que los servicios externalizados “nadie los acaba siguiendo”, ha explicado durante una conferencia en el Centro Social Terra de Valencia. Por la falta de personal técnico, por el poco tiempo disponible, o porque los superiores marcan otras prioridades, señala a partir de su experiencia en este municipio de 8.500 habitantes, en el Maresme barcelonés.

El punto de partida de las remunicipalizaciones en España data de 1994, cuando 22 municipios sevillanos (que sumaban 300.000 habitantes) asociados en la entidad Aguas del Huesna recurrieron al capital privado para garantizarse el suministro hídrico. Pero pronto se vieron enfrentados a sobrecostes e incumplimientos por parte de la empresa privada. En 2007, y después de una remunicipalización “no agresiva”, el abastecimiento quedaría en manos públicas. La iniciativa Pacto Social por el Agua cita asimismo el ejemplo de Torrelavega, cuyo consistorio rescindió, con el aval judicial, el contrato con Aqualia (FCC) (empresa que controlaba el 51% de la entidad de gestión). A Aqualia se le imputaba la manipulación de caudalímetros, la contratación irregular de empresas filiales y el desvío de compras.

Medina Sidonia, municipio de 12.000 habitantes de la provincia de Cádiz, también decidió constituir en 2003 una empresa para el abastecimiento del agua. Otro ejemplo es Lucena (Córdoba). Más recientemente (octubre de 2014), tres entidades locales autónomas de Jerez (Guadalcacín, Torrecera y Estella del Marqués) suscribieron la encomienda de la gestión hídrica con la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz. Mientras, Jerez mantiene el servicio concesionado con Aqualia. En el proceso tuvo un rol destacado la coordinadora formada por una veintena de colectivos de la sociedad civil.

En un artículo publicado en La Marea, el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, en 1996 el 63% de la población del estado español recibía el suministro de entidades públicas; en el año 2005, el carácter público se mantenía en el 52%; en 2010 se alteran las proporciones: 47% público y 53% privado. Las estimaciones apuntan a que a finales de 2014 el 57% serán privadas.

La titularidad de la gestión no es baladí de lleno en la recesión económica. AEOPAS estima que se tramitan anualmente más de 500.000 avisos de corte del suministro hídrico en España, cifra superior en un 30% a la de hace cuatro años. Aproximadamente el 60% de los cortes los realizan empresas de gestión privada. Asimismo, el precio del agua ha aumentado un 25,5% en los últimos cinco años por efecto de la privatización.

Un libro de referencia para la comprensión del fenómeno a escala global es el libro “Remunicipalización: el retorno del agua a manos públicas”, editado en marzo de 2013 por Martin Pigeon, David A. McDonald, Oliver Hoedeman y Satoko Kishimoto. Paradigmático es el caso de París, que remunicipalizó la gestión hídrica entre 2009 y 2010. La consecuencia inmediata fue un ahorro de 35 millones de euros en el primer año y la reducción de las tarifas del agua en un 8%. Estas cifras llevan a sospechar de la gestión y los beneficios en el balance de Suez y Veolia.

La eficiencia y el ahorro fueron también la consecuencia de transferir a la Administración Pública la gestión hídrica en Hamilton (Canadá). El citado texto sobre remunicipalizaciones explica que tras una fuerte campaña por parte de asociaciones ciudadanas y sindicatos contra el secretismo y la mala gestión del operador privado, “el mayor contrato de privatización de América del Norte terminó por no ser renovado”. En Buenos Aires el gobierno dio por finalizada en la mitad del plazo previsto una concesión de 30 años a Suez. El efecto inmediato fue la demanda de la empresa contra el estado argentino en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. “La decisión de rescindir el contrato se adoptó después que Suez incumpliera sistemáticamente sus objetivos contractuales para expandir la cobertura y mejorar la calidad del servicio”, explica el estudio.

En Dar es Salaam la reversión al sector público del servicio llevó a beneficios tangibles: la reducción de las fugas de agua y la expansión de la cobertura. La experiencia de la privatización fue “corta” pero “desastrosa”. El gobierno de Tanzania dio por finiquitado un contrato de privatización que impusieron el Banco Mundial, entre otras instituciones. Sin embargo, el proceso evidenció limitaciones. Los organismos internacionales continuaron marcando las prioridades.

La coyuntura de crisis abre el portillo de las oportunidades a los movimientos sociales. En “Solidaridad y autogestión en Grecia” (Manu Robles-Arangiz Institua), el periodista Antonio Cuesta Marín explica el caso de Kinisi 136, “entre una cooperativa autogestionada y un movimiento político reivindicativo” que rechazaba la privatización del agua en Tesalónica. Se proponía, con el la oposición frontal del gobierno y los grandes medios de comunicación, la gestión hídrica a través de cooperativas barriales. El referéndum que tuvo lugar el 18 de mayo de 2014 durante los comicios municipales dejó clara la opinión de los ciudadanos. El 98% votó en contra de la privatización de la empresa pública EYATH.

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