Las organizaciones sindicales y sociales LAB, ESK, STEE-EILAS, ENHE-Bizkaia, HIRU, EKA, Plataforma pensionistas de EH se personaron como acusación popular en la causa seguida ante el juzgado de instrucción numero 4 de Bilbao, diligencias previas 426 de 2015 que se siguen por denuncia interpuesta por la fiscalía sobre los hechos acaecidos en Kutxabank en los que a resultas de la investigación se encuentran imputados Mario Fernández, Mikel Cabieces y Rafa Alcorta entre otros.

La conclusión de lo actuado hasta la fecha es para esta acusación muy clara y contundente: El caso Cabieces es una demostración clásica del funcionamiento de las puertas giratorias en beneficio de algunos políticos: «a nuestro juicio, no se ha aportado prueba alguna que asegure que el dinero que el Señor Cabieces percibía se correspondía con algún tipo de prestación laboral. Al revés, tanto el informe de auditoría como los testimonios solicitados por esta parte, han asegurado que esta prestación laboral es inexistente».

«El trato de favor y el presunto fraude a Kutxabank es una decisión política de quienes han decidido privatizar las Cajas Vascas y Kutxabank. El Sr. Cabieces cobraba de Kutxabank cerca de 6.000 euros mensuales sin trabajar. Si esos pagos no se corresponden con trabajo alguno son pagos políticos. Son pagos que se hacen como parte de los acuerdos de los partidos PNV, PP y PSE en el proceso de privatización de Kutxabank y son los representantes de estos partidos políticos los que deben dar explicaciones al respecto y en su caso asumir las responsabilidades politicas que puedan derivarse», afirman.

Cabieces mientras cobraba 12.000 euros mensuales de Kutxabak e Iberdrola, solicitó la capitalizacion de la prestación de desempleo para financiar la seguridad social de su cuota de autonómos. Puede que esta actuacion sea legal, «pero a nuestro entender es totalmente inmoral. Entendemos que la única actuación moralmente aceptable sería que el señor Cabieces devolviese esa cuantía injustamente percibida. Creemos que nuestro personamiento como acusación ha sido efectivo y estamos satisfechas, porque gracias a la actuación de esta acusación popular se hayan podido recoger testimonios como los realizados que no dejan lugar a dudas respecto a que si no hay un pago por una prestación de trabajo hay un pago por intereses políticos».

Testimonios como el realizado por el abogado de Caja- Sur, donde decía no conocer al exdelegado del Gobierno Español de absolutamente de nada, de no haberse comunicado con el nisiquiera por vía telefónica ni por correo electrónico. Además, los propios compañeros de despacho del Sr Alcorta afirmaron en sede judicial que el Sr Cabieces fue impuesto, y que no fue una elección en base a sus capacidades y conocimientos. «Por lo tanto, siguen sin acreditarnos ningún trabajo realizado por el señor Cabieces, y en este caso, si no tenía ninguna relación con el abogado de caja Sur, ¿como se justifican los viajes y los gastos de los viajes a Andalucia? Nuestra duda razonable es: ¿entonces a qué se dedicó Cabieces? La acusación popular se pregunta de la misma manera, cómo puede ser que este señor trabaje tanto para Iberdrola como para Kutxabank al mismo tiempo. Creemos que existen indicios más que suficientes para que el juzgado siga con la instrucción y para que dicte auto que transforme el procedimiento».

Por último, una vez más, señalan que la privatización de Kutxabank ha sido caldo de cultivo para que se den estas actuaciones, «creemos que si no se devuelven las acciones a las entidades públicas fundadoras, se seguirán dando situaciones similares. Exigimos que Kutxabank sea pública, que se dé marcha atrás en el proceso de privatización, lo que el tejido productivo vasco, y la sociedad vasca en general necesitamos es la creación de un sistema financiero público vasco. Solamente de esta forma se pueden evitar fraudes como el que tenemos entre manos».

Artículo original publicado en «08 Etxalde», página 28.

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